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Reforma LFPIORPI 2025: multas, prisión y la ventana para regularizar.

Reforma a la LFPIORPI 2025: multas, responsabilidad penal, beneficiario controlador y requisitos de regularización espontánea ante el SAT.

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Ramiro Robledo Robledo Abogados
· · 17 min

La reforma a la LFPIORPI del 16 de julio de 2025 no amplió el plazo para cumplir. Amplió las consecuencias de no hacerlo.

Una empresa que opera con normalidad puede tener un incumplimiento activo desde hace años sin saberlo. La señal rara vez llega por iniciativa propia: llega cuando un banco condiciona la operación de una cuenta corporativa a la acreditación de un programa de cumplimiento que nunca se implementó, cuando un socio o fondo extranjero exige el expediente de Prevención de Lavado de Dinero como requisito para cerrar una transacción, o cuando el SAT notifica el inicio de una visita de verificación.

En cualquiera de esos tres escenarios, la conversación ya no es sobre prevención. Es sobre contención de daños. Y la diferencia entre ambas, en esta materia, puede medirse en millones de pesos y en años de prisión para los socios.

Lo primero: cuánto está realmente en riesgo.

Conviene empezar por la consecuencia, no por la obligación, porque es ahí donde se decide si esto amerita atención inmediata.

El artículo 54 de la LFPIORPI, reformado en julio de 2025, establece tres rangos de sanción según la gravedad de la conducta. Las multas se fijan en veces el valor diario de la UMA, que en 2026 es de $117.31. Traducido a pesos:

Supuesto (Art. 53 LFPIORPI)Multa en UMAMulta en pesos (UMA 2026)
Incumplimiento de obligaciones del Art. 18; Avisos extemporáneos o sin requisitos; requerimientos no atendidos200 a 2,000 veces UMA$23,462 a $234,620
Incumplimiento de obligaciones de Beneficiario Controlador (Arts. 33, 33 Bis y 33 Ter)2,000 a 10,000 veces UMA$234,620 a $1,173,100
Omisión total de Avisos; actos prohibidos por el Art. 3210,000 a 65,000 veces UMA, o 10% al 100% del valor del acto, lo que resulte mayor$1,173,100 a $7,625,150, o hasta el 100% de la operación

Una sola infracción en el rango superior puede superar los siete millones y medio de pesos — y si el 10% al 100% del valor de la operación resulta mayor, la multa puede ser aún más alta, sin tope fijo. En las actividades que operan con permiso o autorización (artículo 17, fracciones I, IX y X), el artículo 56 prevé su revocación por reincidencia en las infracciones de las fracciones I a IV del artículo 53, o por omitir avisos o participar en actos prohibidos.

Y este es únicamente el plano administrativo.

El riesgo que no se cubre con dinero: la cárcel.

El artículo 400 Bis del Código Penal Federal sanciona el lavado de dinero con prisión de cinco a quince años y de mil a cinco mil días multa. Es un delito federal: para ejercer la acción penal se requiere la denuncia de la SHCP, que actúa como víctima u ofendida.

La pena no es uniforme para todos. Cuando quien realiza la conducta tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de un Sujeto Obligado, el artículo 400 Bis 1 aumenta las penas desde un tercio hasta una mitad. Solo en ese supuesto concreto, el máximo de quince años puede elevarse hasta veintidós años y seis meses de prisión, además de inhabilitación para ocupar cargos en personas morales sujetas al régimen por un tiempo igual al de la condena. El agravante alcanza incluso a quien ya se separó del cargo, si la conducta se comete dentro de los dos años siguientes.

La persona moral, por su parte, responde de forma autónoma. Conforme al artículo 11 Bis del Código Penal Federal y a los artículos 421 a 425 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una empresa puede ser penalmente responsable de los delitos cometidos en su nombre o beneficio cuando existió inobservancia del debido control en su organización. Las consecuencias incluyen multa, decomiso, publicación de la sentencia, suspensión de actividades, clausura de establecimientos, prohibición de operar la actividad hasta por diez años y, en el extremo, la disolución de la sociedad.

Ese mismo régimen contiene la clave de la defensa: las sanciones a la persona moral pueden atenuarse hasta en una cuarta parte si la empresa contaba, con anterioridad al hecho, con un órgano de control permanente encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y dar seguimiento a las políticas internas de prevención delictiva, y además realizó, antes o después del hecho, la disminución del daño causado. Dicho de otro modo: el programa de cumplimiento no solo previene la sanción administrativa; es también el principal elemento de defensa penal de la empresa y de sus directivos.

Una contingencia de esta naturaleza no se resuelve después. Se previene antes.

Qué empresas quedan dentro del régimen.

La LFPIORPI no aplica de forma general. Aplica a quienes realizan alguna de las dieciséis Actividades Vulnerables enumeradas en el artículo 17. Las más frecuentes en el tejido empresarial son:

  • Otorgamiento habitual de préstamos o créditos por personas distintas a las entidades financieras.
  • Comercialización de vehículos, nuevos o usados.
  • Compraventa, desarrollo e intermediación de bienes inmuebles.
  • Comercialización de metales preciosos, joyas y relojes.
  • Arrendamiento de inmuebles por encima de ciertos montos mensuales.
  • Prestación de servicios profesionales para administrar activos de terceros, manejar cuentas o constituir sociedades en nombre del cliente.

El catálogo, sin embargo, es más amplio, y comprende también actividades que muchos operadores no asocian con el régimen: juegos con apuesta, concursos y sorteos; emisión y comercialización de tarjetas de servicio, prepagadas y monederos electrónicos; emisión de cheques de viajero; subasta o comercialización de obras de arte; blindaje de vehículos e inmuebles; traslado y custodia de dinero o valores; recepción de donativos por asociaciones sin fines de lucro; servicios de comercio exterior como agente aduanal; la fe pública de notarios y corredores; y el intercambio de activos virtuales. Cualquier grupo con una de estas líneas de negocio —aun cuando no sea su giro principal— puede ser Sujeto Obligado.

El umbral que con mayor frecuencia se pasa por alto es el de la habitualidad. El artículo 17 de la LFPIORPI exige que la actividad sea habitual o profesional y no define un umbral numérico. Determinar si una actividad cumple ese requisito exige analizar el caso concreto.

El detalle que convierte un descuido en un incumplimiento acumulado.

La Ley distingue entre el umbral de identificación —el monto a partir del cual debe integrarse el expediente del cliente— y el umbral de Aviso —el monto a partir del cual se reporta a la autoridad. No son lo mismo, y la diferencia tiene consecuencias.

Para el otorgamiento de préstamos (artículo 17, fracción IV), el umbral de identificación no existe. Cualquier préstamo, de cualquier importe, obliga a integrar expediente del cliente por el simple hecho de su realización. El Aviso sí tiene umbral —1,605 veces el valor diario de la UMA, es decir, alrededor de $188,000—, pero el expediente no.

La implicación es directa: una empresa que ha otorgado financiamiento durante años sin documentar a sus acreditados no tiene una tarea pendiente de organización interna. Tiene un incumplimiento verificable, acumulado en cada operación que no generó expediente, y plenamente revisable por la autoridad por los cinco años anteriores.

Lo que la reforma de 2025 cambió, y desde cuándo es exigible.

El Decreto del 16 de julio de 2025 transformó el régimen de obligaciones. No todas entraron en vigor en la misma fecha, y distinguirlas con precisión es el primer ejercicio de cualquier diagnóstico serio.

Exigible desde el 17 de julio de 2025:

Identificación reforzada del Beneficiario Controlador (Art. 18, fr. III). Ya no es suficiente la constancia del cliente persona moral; debe identificarse a la persona física que ejerce el control efectivo en última instancia.

Conservación de documentación por diez años (Art. 18, fr. IV). El plazo de resguardo de la documentación soporte —incluidos registros, correspondencia comercial y análisis previos— se amplió a diez años, en medio físico o electrónico, en el domicilio registrado ante la Secretaría.

Aviso en 24 horas, ahora incluso sin operación celebrada (Art. 18, fr. VI de la Ley; Art. 7 Bis del Reglamento, DOF 27-03-2026). La obligación de reportar a la UIF dentro de las 24 horas ante indicios de recursos de procedencia ilícita existe desde 2013. La reforma al Reglamento amplió su alcance: el aviso debe presentarse aun cuando la operación no llegue a concretarse, con los datos de quien intentó realizarla. El Transitorio Quinto del decreto del Reglamento sujeta la presentación de este aviso a la actualización de los formatos oficiales. La UIF los actualizó mediante resolución publicada el 24 de septiembre de 2026, que entra en vigor el 1 de junio de 2027; desde esa fecha, los avisos de las reglas 26 Bis, 26 Bis 1, 26 Bis 2 y 27 se presentan en los nuevos formatos (Transitorios Primero y Quinto de la resolución). Esto no suspende las demás obligaciones exigibles desde julio de 2025.

Previsto en la Ley, con calendario ya publicado:

La reforma incorporó cinco obligaciones adicionales al artículo 18: evaluación de riesgos (fr. VII), Manual de Políticas Internas (fr. VIII), capacitación anual documentada (fr. IX), monitoreo permanente de operaciones (fr. X) y auditoría anual del esquema preventivo (fr. XI). Conforme al Transitorio Tercero del Decreto, su entrada en vigor depende de los plazos que fijen las reglas de carácter general. El Acuerdo que las modifica se publicó en el DOF el 7 de agosto de 2026 y entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, salvo las excepciones de sus transitorios (Transitorio Primero), que fijan estas fechas:

  • Evaluación de riesgos: a disposición de las autoridades, previo requerimiento, desde el 1 de marzo de 2027, con la información del año inmediato anterior (Transitorio Segundo).
  • Manual de Políticas Internas con la metodología de riesgos: desde el 1 de marzo de 2027, para quienes ya tengan alta y registro y hayan concluido el plazo de noventa días naturales del artículo 37 de las reglas (Transitorio Tercero).
  • Clasificación del grado de riesgo, conocimiento del cliente y procedimientos sobre beneficiario controlador (capítulos III Bis, III Ter y III Quinquies de las reglas): para actos u operaciones realizados desde el 1 de marzo de 2027 (Transitorio Cuarto).
  • Selección de personal: para nuevas contrataciones desde el 1 de marzo de 2027 (Transitorio Sexto).
  • Mecanismos automatizados de monitoreo: a más tardar el 1 de junio de 2027, con la información de los actos u operaciones realizados a partir de esa fecha (Transitorio Noveno).
  • Capacitación: el primer periodo anual corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2027 (Transitorio Séptimo).
  • Auditoría: el primer periodo de revisión corre del 1 de enero al 31 de diciembre de 2028 (Transitorio Octavo).

Las reglas vinculan expresamente con el artículo 18 de la Ley la evaluación de riesgos (fracción VII, regla 10 Septies) y los mecanismos automatizados (fracción X, reglas 23 Bis 3 y 41). La correspondencia de los demás plazos con las fracciones VIII, IX y XI es una lectura por materia. Otros transitorios fijan plazos adicionales, por ejemplo para activos virtuales, consulta de personas políticamente expuestas y notificaciones electrónicas. Publicar el Acuerdo no lo hace exigible antes de esas fechas, y tampoco suspende las obligaciones que ya rigen desde 2025.

Esta distinción es relevante por dos motivos. Primero, porque permite a la empresa concentrar recursos en lo que ya es exigible. Segundo, porque el calendario ya está publicado y permite planear la implementación según las fechas aplicables de 2026, 2027 y 2028, sin perjuicio de las obligaciones que ya son exigibles.

¿Su empresa realiza alguna Actividad Vulnerable?

El punto de partida es un Dictamen de Encuadre Regulatorio PLD: una opinión preliminar, de alcance acotado y entrega ágil, que determina con certeza si su empresa es Sujeto Obligado, bajo qué fracciones del artículo 17, qué obligaciones le resultan exigibles hoy y cuál es su nivel de exposición administrativa y penal. Es la base sobre la que se decide cualquier acción posterior — y el modo más eficiente de saber dónde está parado antes de que lo determine la autoridad.

Solicitar Dictamen de Encuadre Regulatorio PLD →

Regularizarse antes de la verificación: qué exige la ley.

El artículo 55 de la LFPIORPI prevé un mecanismo que pocos aprovechan a tiempo. La Ley dispone que la Secretaría se abstendrá de sancionar, por única ocasión, el total de las infracciones del Sujeto Obligado, siempre que este cumpla sus obligaciones de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación, y reconozca expresamente la falta dentro del plazo inicial del procedimiento de verificación. Si el beneficio ya se ejerció antes, la Secretaría reducirá hasta en un cincuenta por ciento las multas de las infracciones regularizadas en esas mismas condiciones, siempre que el reconocimiento se haga dentro del plazo inicial del procedimiento sancionador.

El procedimiento no es informal. El artículo 55 Bis del Reglamento (DOF 27-03-2026) exige un escrito libre ante el SAT, firmado por quien realiza la Actividad Vulnerable o su representante legal, que especifique con claridad la totalidad de las faltas —con la operación y el periodo en que debió cumplirse la obligación—, manifieste bajo protesta de decir verdad que fueron corregidas y anexe la documentación que acredite el cumplimiento. Ese artículo define el plazo inicial del procedimiento de verificación como el de cinco días del artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y el del procedimiento sancionador como el periodo del artículo 72 de esa misma ley. Para obtener cualquiera de los beneficios debe cumplirse, además, lo previsto en las reglas de carácter general.

La clave de esta figura es el momento, y la ley exige dos cosas distintas. La primera es que el cumplimiento sea espontáneo y previo al inicio de las facultades de verificación; la Ley no fija una fecha calendario ni precisa qué acto marca ese inicio, y el SAT puede verificar mediante visitas o requerimientos de información (artículo 34). La segunda es que la falta se reconozca expresamente dentro del plazo inicial del procedimiento, que el artículo 55 Bis del Reglamento define como los cinco días del artículo 68 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para el de verificación, y el periodo del artículo 72 de esa ley para el sancionador. El reconocimiento dentro de esos plazos no sustituye al cumplimiento previo: no debe asumirse que regularizar después de iniciada la verificación da acceso al beneficio, pues esa conclusión requeriría un fundamento específico distinto del propio artículo 55.

Quien actúa antes negocia desde una posición de cumplimiento; quien actúa después, desde una de sanción. En este último escenario, las herramientas de defensa cambian: el amparo indirecto contra una orden de aprehensión y la responsabilidad penal corporativa pasan a primer plano, y el programa de cumplimiento omitido se convierte en el principal hueco de defensa.

Lo que el SAT examina cuando se presenta.

El artículo 36 de la LFPIORPI faculta a la Secretaría para revisar los cinco años inmediatos anteriores a la fecha de inicio de la visita. Los elementos que se verifican en primer término son:

  • Alta como Actividad Vulnerable en el Portal SPPLD.
  • Designación vigente del Representante Encargado del Cumplimiento.
  • Manual de Políticas Internas, en la medida en que su obligación sea exigible conforme al calendario descrito.
  • Expedientes de identificación de clientes del periodo revisado.
  • Documentación de identificación del Beneficiario Controlador conforme al estándar vigente.
  • Acuses de los Avisos e Informes mensuales.
  • Documentación soporte conservada en los plazos aplicables.

La ausencia de cualquiera de estos elementos no constituye una observación menor. Cada una es, por sí misma, una infracción con sanción propia.

Por qué Robledo Abogados.

El cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero se diseña en sede administrativa, pero su riesgo último es penal. Robledo Abogados aborda la materia desde esa doble perspectiva: la construcción del esquema preventivo conforme a la LFPIORPI, su Reglamento y las disposiciones de la UIF, y el conocimiento del régimen del artículo 400 Bis del Código Penal Federal y de la responsabilidad penal de la persona jurídica que se activa cuando la prevención falló.

Asesoramos a grupos empresariales y patrimonios con estructuras complejas en el diseño, implementación y defensa de su esquema de cumplimiento, con un enfoque orientado a evitar la contingencia antes de que se materialice, no a litigarla después. Conozca el alcance completo de la práctica en Derecho Administrativo y Compliance.

Preguntas frecuentes.

¿Cómo determino si mi empresa está obligada?

Si la empresa otorga préstamos, comercializa vehículos, desarrolla o intermedia inmuebles, comercializa metales o piedras preciosas, arrienda inmuebles, o presta servicios profesionales administrando activos de terceros, y lo hace de manera habitual, es Sujeto Obligado. El Dictamen de Encuadre Regulatorio es el paso previo a cualquier decisión.

¿Qué ocurre si las operaciones son de montos reducidos?

Depende de la actividad. En el caso de los préstamos no existe umbral de identificación: el monto es irrelevante para la obligación de integrar expediente, que aplica desde la primera operación. En otras actividades, los umbrales aplican para identificación y Aviso, pero las obligaciones de alta, registro y designación de Representante subsisten con independencia del volumen.

¿Puede esto alcanzar personalmente a los socios o directivos?

Depende de la conducta concreta y de que se acrediten los elementos del delito. La Ley atribuye las infracciones administrativas a quienes realizan Actividades Vulnerables. En el plano penal, el lavado de dinero (artículo 400 Bis del Código Penal Federal) se sanciona con prisión de cinco a quince años a quien realice las conductas del tipo con conocimiento del origen ilícito de los recursos. Si esa persona tiene el carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de un sujeto obligado, el artículo 400 Bis 1 aumenta la pena de un tercio a una mitad. La persona moral puede responder penalmente de forma autónoma solo si se actualizan los requisitos legales: que el delito esté en el catálogo del artículo 11 Bis del Código Penal Federal, que se haya cometido a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ella proporcione, y que además se determine la inobservancia del debido control en su organización (artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

¿Existe forma de regularizarse sin sanción?

Puede ser, si se cumplen dos condiciones distintas. La primera es regularizar de manera espontánea, antes de que inicien las facultades de verificación del SAT. La segunda es reconocer expresamente la falta por escrito, conforme al artículo 55 Bis del Reglamento y a las reglas de carácter general, dentro del plazo inicial del procedimiento correspondiente. Cumplidas ambas, el artículo 55 de la LFPIORPI prevé que el SAT se abstenga de sancionar, por única ocasión, o que reduzca hasta en un 50% las multas si el beneficio ya se ejerció. Si la verificación ya inició, no debe asumirse que el beneficio sigue disponible; requiere un análisis específico del caso.


En materia de Prevención de Lavado de Dinero, la distancia entre una contingencia administrable y una sanción millonaria suele definirse antes de que la autoridad toque la puerta. El momento de revisar la posición de su empresa es mientras esa decisión sigue en sus manos.

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El presente artículo refleja el estado normativo al 13 de octubre de 2026 conforme a la LFPIORPI (última reforma DOF 16-07-2025), su Reglamento (última reforma DOF 27-03-2026), el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales vigentes, el Acuerdo que modifica las reglas de carácter general (DOF 07-08-2026) y las resoluciones de la UIF sobre alta y registro y sobre formatos de avisos e informes (DOF 24-09-2026). El valor de la UMA corresponde al publicado por el INEGI para 2026 ($117.31 diarios, vigente desde el 1 de febrero de 2026). Las obligaciones del artículo 18, fracciones VII a XI de la Ley están incorporadas al texto legal; su exigibilidad sigue el calendario de los transitorios del Acuerdo de reglas de carácter general citado. Este contenido tiene fines informativos y no constituye asesoría jurídica para un caso concreto.

Conozca cómo trabajamos este tipo de asuntos: Derecho administrativo y compliance en San Luis Potosí →

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Sobre el Autor

Abogado · Penal – Administrativo

Con más de 20 años de experiencia en el ejercicio profesional, Ramiro Robledo es egresado con mención honorífica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Posee estudios de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad de Oslo, Noruega. También ha curs...

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